La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es un instrumento normativo de ámbito nacional y la primera ley sobre desarrollo urbano sostenible del país. Establece principios, directrices, instrumentos y normas para lograr un desarrollo urbano sostenible. La Ley se centra en la participación ciudadana activa, la vivienda social, las amplias competencias de los municipios, los instrumentos financieros para el desarrollo urbano y la incorporación de criterios de gestión del riesgo de desastres, mitigación y adaptación al clima en la planificación urbana. Introduce instrumentos financieros innovadores, como la participación del Estado en el aumento del valor del suelo (plusvalía del suelo), dado que este aumento excepcional del precio del suelo se debe a obras del Estado o a cambios de zonificación. Además, debería utilizarse para, por ejemplo, inversiones públicas en infraestructuras verdes o suministro de agua.