La concesión onerosa de derechos es un instrumento regulador de la financiación del desarrollo urbano, introducido en 2011 a nivel local y ampliado a todo el país en 2016. Los promotores pagan tasas por derechos de desarrollo a cambio de cambios en la zonificación de sus propiedades, o para construir con una mayor densidad más allá de una línea de base establecida o para inversiones públicas en infraestructuras, servicios y mejoras urbanas. Las cargas por derechos de desarrollo se utilizan predominantemente para la construcción de edificios ecoeficientes con el fin de garantizar la participación de la sociedad en los beneficios económicos debidos a la planificación urbana. Los proyectos ecoeficientes incluirán, por ejemplo, la reducción del consumo de agua potable, infraestructuras verdes o cobertura vegetal y arbolado urbano.